The QPath Blog
Democracia & Tecnologías cuánticas (II)
El estado actual de la Infraestructura Pública Digital (DPI)
El Estado y sus instituciones, dado su naturaleza y estructura, es uno de los grandes usuarios de las tecnologías de la información y está llamado a ser un protagonista sin parangón del proceso de digitalización de la sociedad.
La sociedad digital hacia la que aceleradamente nos dirigimos también incluye la necesaria digitalización de las instituciones del Estado moderno y sus servicios públicos. Este proceso es tan estratégico para la autonomía, la seguridad y la competitividad y la soberanía de los países en la actualidad, como hasta ahora lo han sido (y siguen siendo), las infraestructuras físicas.
La viabilidad y el éxito del Estado digital y sus servicios requiere de una infraestructura pública dedicada. En la actualidad ya existe un concepto de infraestructura de este tipo, conocida como DPI (de Digital Public Infrastructure en inglés), en la que las tecnologías juegan un papel notable para poder implementar la pluralidad de sistemas y aplicaciones que esto demanda. La enorme complejidad de este proceso de digitalización radica, sobre todo, en su magnitud: no se trata de crear un conjunto de buenos servicios públicos digitales sino, por necesidad, de digitalizar al Estado, a todas sus instituciones, sus funciones públicas y a sus protagonistas. Incluyendo la democracia.
Algo similar ya expresaba la OECD en el 2020: “Un gobierno digital por diseño establece un liderazgo organizativo claro, acompañado de mecanismos eficaces de coordinación y aplicación, donde lo ‘digital’ no se considera únicamente una cuestión técnica, sino un elemento transformador obligatorio que debe integrarse en todos los procesos de formulación de políticas” [1].
Para esta digitalización del Estado es imprescindible que sus instituciones, y los Gobiernos, inviertan, desarrollen, implementen y perfeccionen de forma constante una resiliente DPI, capaz de soportar y acompañar armónicamente la acelerada digitalización de la sociedad, aportando las máximas garantías de calidad, seguridad y fiabilidad. Por supuesto que esto, aunque poco se habla de ello por ahora, también incluye la digitalización de la democracia.
Dado que no es el objetivo central de este artículo, tanto como sea posible, haré abstracción de los ineludibles cambios estructurales, legales, políticos y culturales para avanzar hacia una sociedad digital madura.
A continuación, nos encontramos en este indicador tecnológico, en esta entrega me centraré en el estado actual de la DPI.
Breve introducción a la infraestructura pública digital (DPI)
Como expuse en la entrega anterior [2], el avance hacia la democracia digital debe construirse sobre pilares robustos para lo cual, además de los imprescindibles cambios estructurales, legales, políticos y culturales que la harán posible, será necesario que la administración pública cree, provea y mantenga una DPI eficaz, resiliente, muy segura y fiable.
Los antecedentes de lo que hoy conocemos como DPI se localizan en la estrategia que, desde hace unos 15 años, la India comenzó a implementar para resolver los serios problemas que generaba a la economía y otras actividades con la administración pública la falta de identificación formal de su enorme población. En 2023 los países miembros del G20 llegaron a un consenso sobre la definición la DPI, publicada en la G20 New Delhi Leaders’ Declaration: “La infraestructura pública digital (DPI), entendida como un concepto en evolución y como un conjunto de sistemas digitales compartidos, desarrollados y aprovechados tanto por el sector público como por el privado sobre la base de una infraestructura segura y resiliente, y que puede construirse mediante estándares y especificaciones abiertos así como software de código abierto, permite prestar servicios a escala social”.
Esta definición de la DPI fue ampliamente detallada en el documento Accelerating The SDGs Through Digital Public Infrastructure: A Compendium of The Potential of Digital Public Infrastructure, publicado en 2023 por el G20/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este documento consolidó el reconocimiento a la importancia de la DPI como factor indispensable no solo para el desarrollo de la sociedad digital, también para la autonomía y seguridad nacional.
Por ese motivo, un elevado número de organizaciones internacionales han creado equipos especializados en la DPI que trabajan en la definición estratégica de los modelos para contribuir a acelerar el desarrollo sostenible y la inclusión. Entre ellos destacan (en orden alfabético): Digital Impact Alliance (DIAL), Digital Public Goods Alliance (DPGA), World Bank Group, Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), Co-Develop, G20, GovStack, International IDEA, Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP); la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); y el Nations Development Programme (UNDP). El volumen de información que se genera y publica sobre la DPI es elevado, tanto que para facilitar el acceso a la misma la Presidencia india del G20 creó el Repositorio Global de Infraestructura Pública Digital (GDPI).
En el dinámico contexto tecnológico que vivimos y con tactos actores, más allá del consenso global que existe sobre la DPI y su importancia para el desarrollo basado en principios democráticos, hay diferentes aproximaciones y definiciones sobre la DPI entre las cuales, dado su alcance y nivel de aceptación, destacan las siguientes:
· UNPN: la DPI es un conjunto de sistemas digitales fundamentales que conforman la columna vertebral de las sociedades modernas. La DPI permite interacciones seguras y fluidas entre personas,
empresas y gobiernos [3].
· Banco Mundial: la DPI es un enfoque de la digitalización centrado en la creación de “componentes digitales
fundamentales diseñados para el bien público”. Las DPI permiten a los proveedores de servicios públicos y privados aprovechar estos sistemas, innovar y poner en marcha nuevos servicios de forma más rápida y eficiente … es un enfoque relativamente nuevo para la digitalización que se centra no solo en qué construir, sino también en cómo construirlo para lograr escalabilidad, impacto y seguridad [4].
· OECD. La infraestructura pública digital (DPI) es un pilar fundamental para la prestación de servicios públicos, la eficiencia del sector público y la economía digital en general. La DPI consta de seis componentes fundamentales: la identidad digital, los pagos digitales, los sistemas de intercambio de datos, el correo digital, las notificaciones digitales y los registros básicos. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en el diseño, la implementación y la supervisión de esta infraestructura, así como en la provisión de los elementos facilitadores subyacentes, que incluyen marcos de código abierto e interoperabilidad, y estándares para metadatos e interfaces de programación de aplicaciones (API) [5].
· International IDEA: La DPI se refiere a los sistemas y servicios que posibilitan las funciones públicas, cívicas y privadas, y que deben ser universalmente accesibles, seguros y respetuosos de los principios democráticos [6].
· Centre for Digital Public Infrastructure: La DPI es un enfoque de digitalización centrado en crear componentes digitales fundamentales diseñados para el beneficio público. Este enfoque combina estándares tecnológicos abiertos con marcos de gobernanza sólidos para fomentar la innovación por parte de la comunidad y el sector privado, con el fin de abordar desafíos de escala social como la inclusión financiera, la atención sanitaria asequible, la educación de calidad, el cambio climático, el acceso a la justicia, entre otros. Se basa en cinco principios de arquitectura tecnológica: 1) interoperabilidad; 2) componentes modulares minimalistas y reutilizables; 3) innovación diversa e inclusiva por parte del ecosistema; 4) preferencia por mantener una estructura federada y descentralizada (siempre que sea posible); y 5) seguridad y privacidad desde el diseño [7].
· Institute for Innovation and Public Purpose: La DPI se refiere a los sistemas digitales fundamentales que permiten el funcionamiento de servicios públicos y privados a gran escala. Abarca las plataformas básicas necesarias para una participación significativa en una sociedad digital moderna. Dicho esto, diversos actores abordan la DPI desde distintas perspectivas (por ejemplo, técnica, de desarrollo y geopolítica), influyendo cada una de ellas en la forma en que se define y mide el éxito [8].
Debido al dinamismo de las tecnologías de la información y su aplicación en la digitalización, el concepto DPI de la
infraestructura pública digital no debe ser tratado de forma estática, sino más bien como algo dinámico, cuyas características fundamentales se enriquecen y cambian para soportar armónicamente su evolución.
Teniendo presente todo lo esto, podemos definir la DPI actual como un ecosistema de sistemas fundamentales y plataformas digitales basadas en la informática clásica, que cuenta con normas, procedimientos y gobernanza imprescindibles para el crecimiento ordenado y seguro de los servicios públicos seguros y respetuosos de los principios democráticos que demanda la sociedad digital en el que, cada vez más, participa un muy amplio grupo de instituciones, organizaciones y empresas.
En este contexto es también muy importante destacar que, hasta ahora, más allá de las definiciones generales de la estrategia DPI de las Naciones Unidas, la realidad es que cada país desarrolla y despliega su DPI, adecuando los esquemas y conceptos generales a sus características, capacidades, prioridades y necesidades nacionales.
En el marco de la Presidencia de la India del G20 en 2023, el G20 y el PNUD publicaron un documento con el objetivo de ayudar a los países a avanzar en la transformación digital. En el mismo se definen los siguientes principios tecnológicos, de gobernanza y comunidad de la DPI [9], que sirven de referencia general para todos los países:
· Inclusividad
· Interoperabilidad
· Modularidad y extensibilidad
· Escalabilidad
· Seguridad y privacidad
· Colaboración
· Gobernanza en pro del bien público, la confianza y la transparencia
· Resolución de reclamaciones
· Sostenibilidad
· Derechos humanos
· Protección de la propiedad intelectual
· Desarrollo sostenible
Entre todos los actores existe un reconocimiento implícito (como un gran consenso), sobre que, como mínimo, hay cuatro funciones básicas de la DPI que, de una u otra forma, están recogidas en todos los documentos antes citados:
· la verificación de la identidad digital
· los pagos digitales
· el intercambio seguro de datos
También hay un amplio consenso, aunque presentado con diferentes estructuras y relevancia, en torno a que la infraestructura pública digital, conceptualizada como la iniciativa DPI, no se limita a las tecnologías para sus sistemas y plataformas para los servicios públicos digitales. Para que las funcionalidades de los sistemas digitales de las DPI sean eficientes, estos no deben limitarse a los aspectos tecnológicos, también tienen que incorporar, como parte de un todo, principios como la inclusión, apertura, modularidad, el enfoque centrado en el usuario, la privacidad de la información individual desde el diseño de los sistemas, y una gobernanza sólida.
Obviamente, cada institución, en plena correspondencia con sus objetivos y estrategias fundamentales, resaltan la relevancia de la DPI desde sus propias perspectivas, pero respetando la integridad tecnología/principios del ecosistema. Para facilitar el éxito de la adopción de la DPI, antes de iniciar el primer proyecto para la adopción de la DPI cada país debería evaluar cómo puede aplicar la misma adecuándolas a su contexto social, económico y político. Para ello, UNPD propone seguir la siguiente hoja de ruta de seis fases contenidas en la siguiente imagen:
Desde el convencimiento de que lo digital nos afecta a todos (gobiernos, empresas y sociedad civil), el PNUD está trabajando en la definición de un enfoque integral de la sociedad que, como se muestra en la siguiente imagen, incluya la compleja participación del amplio espectro de actores que participa en la innovación digital para favorecer un diseño inclusivo que pueda empoderar a las poblaciones vulnerables para acceder a los servicios digitales; ayudar, siguiendo un enfoque basado en los derechos, a mitigar los riesgos de las plataformas digitales y establecer mecanismos de rendición de cuentas; hacer frente a los riesgos y daños que conlleva la tecnología, como la ciberseguridad, la desinformación y los problemas de privacidad digital; todo lo cual supone una amenaza para la gobernanza democrática y la cohesión social [10].
Al caracterizar el papel de la DPI en el desarrollo de la sociedad digital, el Word Bank destaca: “El enfoque de DPI se diferencia de los esfuerzos de digitalización tradicionales en varios aspectos, si bien no existe un modelo o plan único para su implementación. DPI enfatiza la importancia de los componentes básicos compartidos y reutilizables, fomentando la colaboración de toda la sociedad, incluida una sólida participación del sector privado, e integrando principios fundamentales como la apertura, la interoperabilidad, la protección de datos y la libertad de elección del usuario. Esto contrasta con el enfoque fragmentado, donde cada sector desarrolla sus propios sistemas digitales aislados, lo que genera redundancia, ineficiencia y altos costos. La implementación práctica de este enfoque variará en cada país o jurisdicción. Sin embargo, independientemente del modelo adoptado, la DPI requiere un compromiso político firme y sostenido, una participación significativa y frecuente de las partes interesadas, capacidad institucional y técnica, y marcos legales y regulatorios integrales, entre otros factores de éxito” [11].
Por su parte la OECD ha diseñado su Marco de políticas de gobierno digital de la OECD, basado en las seis dimensiones que deben caracterizar a un Gobierno digital [12], resumidas en esta imagen:
El G20 y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicaron un documento con el objetivo de ayudar a los países a avanzar en la transformación digital. En el mismo se define un marco para comprender su enfoque de la DPI (ver imagen siguiente) y los siguientes principios tecnológicos, de gobernanza y comunidad de la DPI [13]:
En los últimos años la Unión Europea ha adoptado una perspectiva más amplia e integrada para monitorizar y analizar los avances de la sociedad digital. Como parte este proceso, desde 2023 el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) se integró en el Informe sobre el Estado de la Década Digital, índice en el que se conecta la competitividad, la soberanía, la sostenibilidad y los valores democráticos. Este enfoque subraya que la transformación digital no solo consiste en impulsar la innovación y el crecimiento, sino también en fomentar los activos estratégicos más importantes para la soberanía, la estabilidad y la influencia mundial de Europa. Esto cambio de enfoque ha repercutido es una información menos detallada sobre la DPI, al extremo que en este índice del 2026 no está incluido el concepto DPI [14]. Esperemos que en los próximos informes la información sobre la DPI sea más explícita.
Eso sí, parece un absurdo que, para el seguimiento del trabajo de la Comisión sobre muchos asuntos del gobierno digital y los servicios públicos digitales (que están en el marco de políticas y acciones de la UE para la soberanía tecnológica, la seguridad, la defensa y la democracia), se indique que hay que hacerlo a través de X @EUdigitalID [15]. Como sabemos, esa red no solo no es una red pública de la UE, ni siquiera es de una empresa europea, en la que pululan contenidos bastante alejados de las políticas y acciones declarados en su plan de acción para la Década Digital. En la difusión de la política de Estado digital hay que ser muy cuidadoso y coherente, hasta en detalles como este, para no contribuir a la desconfianza en los servicios digitales.
A las complejidades de la creación de sociedades digitales a escala de país, la Unión Europea se enfrentan al reto añadido de tener que ofrecer servicios digitales transfronterizos eficaces, destacados como esenciales para el funcionamiento de su Mercado Único Digital. Para abordar este reto la Comisión Europea ha creado INVEST, una iniciativa que busca mejorar la interoperabilidad de los servicios públicos digitales en toda la Unión Europea, en consonancia con los objetivos de la Ley de una Europa Interoperable y las metas más amplias del Decenio Digital. El proyecto INVEST definirá objetivos estratégicos y un plan de acción detallado, contribuyendo significativamente a la creación de un ecosistema digital europeo más conectado, eficiente e innovador [16].
Todas estas visiones tienen más convergencias que diferencias, y un incuestionable consenso respecto a que desarrollar e implantar la DPI, como todo lo que se hace para que lo disfrute toda la sociedad, implica un reto enorme. Que la misma se implante en la mayor cantidad de países posible y que, en cada uno de ellos, esté a disposición de todos los ciudadanos, requerirá de un nivel gigantesco de colaboración y trabajo coordinado entre las instituciones del estado, gobierno y las empresas privadas. Afortunadamente, como en alguna medida espero haber mostrado, desde hace unos años grandes instituciones del mundo están dedicando enormes recursos para que ello ocurra, más pronto que tarde, incluso en los países más pobres del planeta.
“Medición” de estado actual de la DPI en el mundo
En el contenido del apartado anterior está implícito que, cuando hablamos de DPI, más allá de los sistemas fundamentales de la misma (identidad digital, pago digital e intercambio de datos), debemos considerar y poner en contexto diferentes realidades de su aplicación en las diferentes regiones y países del mundo, y las funciones más relevantes en cada uno de esos casos. Esta situación afecta la forma en que se pueda pretender “medir” el estado actual de la DPI en el mundo.
Como complejidad añadida a la medición de la DPI en el mundo (como el concepto expuesto en el apartado anterior), también nos encontramos con que hay bastante información general sobre la digitalización del Gobierno y su estructura que explícitamente no hacen referencia a la DPI. En demasiados casos los datos sobre su implantación no solo son variados (y a veces difícilmente comparables), sino que no hay disponibles suficientes datos directos, detallados y fiables sobre la adopción real de la DPI.
Por todo ello, me limitaré a presentar la información que considero más relevante sobre el estado de las infraestructuras públicas digitales de acuerdo con los criterios de las fuentes referenciales sobre este asunto, procurando mostrar la información más acreditada y directa sobre el estado de las infraestructuras públicas digitales asumiendo que, de una u otra forma, el funcionamiento del gobierno digital, de una u otra forma, siempre necesita de una infraestructura digital para funcionar y dar servicios públicos digitales.
Comencemos por la fuente más global, el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (E-Government Development Index, EGDI en inglés), que ofrecer una calificación del desempeño de los gobiernos nacionales en el desarrollo del gobierno digital de los 193 Estados miembros de la ONU. Este índice es una medida compuesta de tres dimensiones del gobierno electrónico: la prestación de servicios en línea, la conectividad de telecomunicaciones y el capital humano [17].
Como se puede observar en el mapa del excelente servicio online E-Governmente Knowledgebase, los tonos verde más intensos son los dominantes en muchos países [18]. En la web este mapa es interactivo, por lo que a través de simples clics se puede ampliar la información detallada sobre cada país.
Si complementamos la información visual del mapa con los datos de la siguiente imagen, esto ocurre porque en 2024 71,5% de ellos el Índice EGDI registra valores altos y muy altos [19]. Sorprendentemente, y a diferencia de lo que ocurre con los indicadores globales relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías, solo un 5,7% de los países incluidos en la encuesta presentan un nivel muy bajo en el índica EGDI.
En cuando a los países con los mejores resultados registrados en 2024 son muy interesantes, no solo por la composición, sino también por el gran salto cualitativos que han dado algunos países en cuatro años. Llama la atención la pérdida de lugar de paises europeos altamente desarrollados en el mismo período de tiempo.
Respecto a los servicios online propios de la DPI, el Índice de Servicios en línea (Online Service Index, OSI, en inglés) de las Naciones Unidas en 2024, un indicador compuesto que evalúa la eficacia con la que los gobiernos utilizan la tecnología para prestar servicios públicos a nivel nacional. Como se puede observar en la imagen siguiente, registra algunas diferencias en el top 15 mundial respecto al mostrado en el anterior índice EGDI:
En todos los casos, independientemente de las características del país y la información general que tenemos sobre ellos y sus gobiernos, resulta llamativo que el índice OSI de todos los países es muy elevado.
Como se puede ver en la imagen siguiente, salvo los valores que se registra en África, el índice OSI de los primeros 15 países de Asia, América y Europa no solo son elevados (la mayor parte de ellos están en el grupo Very high EGDI), sino que están en unos rangos similares.
Y, por último, el Índice de Servicios Locales en Línea 2024 (Local Online Service Index, LOSI, en inglés) de las Naciones Unidas, que muestra la valoración de los portales de gobierno electrónico de ciudades seleccionadas. Este índice comprende 95 indicadores relacionados con seis criterios: marco institucional (5), provisión de contenido (30), provisión de servicios (30), participación y compromiso (10), tecnología (18) y el subíndice recientemente añadido de alfabetización en gobierno electrónico (10). El LOSI 2024 incluye 193 ciudades, de las cuales, 151 cuentan actualmente con presencia en línea.
En la tabla destaca que, entre las 42 ciudades de las ciudades situadas en las categorías “muy alta” y “alta”, las ciudades europeas (22) lideran la adopción de infraestructura avanzadas para sus servicios digitales, seguidos de las ciudades asiáticas (11) y de América (7), regiones que muestran un buen desempeño en este índice. Lo preocupante, que ninguna de las ciudades más pobladas de los países africanos alcanzó la clasificación LOSI “muy alta”.
La importancia de estos servicios locales online radica en que, con estos, los ciudadanos pueden acceder a una parte muy importante de los contenidos necesarios para estar informados sobre los diferentes sectores de la administración local, y también para obtener información sobre las gestiones de sus necesidades cotidianas. Por ello, como se muestra en la imagen siguiente, a escala global los portales municipales priorizan implementar servicios que brindan la información que responde a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, así como los datos de contacto del municipio, información general sobre el mismo y detalles de los servicios en línea disponibles. Pero, por ahora, estos portales sobre todo priorizan brindar información online (que es lo más fácil y menos costoso), a la prestación de servicios públicos digitales. Por supuesto que esto está muy bien para los primeros pasos de la digitalización, pero, dado su importante papel en muchas actividades cotidianas de los ciudadanos con la administración pública, a los municipios aún les queda mucho por hacer para avanzar en la prestación de servicios digitales propios de la DPI.
Todos estos datos de Naciones Unidas, aunque lamentablemente no tienen una actualización más reciente, muestran una tendencia muy positiva tanto en el crecimiento del Gobierno digital, como en sus servicios online a escala global, con unos esperanzadores valores en 2024. También evidencian el gran esfuerzo que aún queda por realizar para la implantación de la DPI solvente en África.
Esa tendencia también está expresada en el reciente informe Digital Government Outlook 2026 [20] de la OECD, que presenta resultados que ilustran cómo los gobiernos de 36 países miembros y 8 países candidatos a la adhesión de organización internacional (prácticamente todos coinciden con los que registran valores altos y muy altos en el índice de las Naciones Unidas), han estado trabajando e invirtiendo en mejorar la transformación digital en los últimos años.
Basado en otra metodología, en este informe se examinan tanto los avances logrados como las brechas persistentes los resultados del Índice de Gobierno Digital de la OECD (Digital Government Index, DGI) de 2025 y del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (Open, Useful and Re-usable Data, OURdata), y establecen las prioridades para que los gobiernos transformen su ambición digital en un impacto tangible. A continuación, mostraré la información resumida más importante del mismo para el objeto de este artículo.
Lo primero destacable de este informe sobre el estado del gobierno digital en de los países miembros de la OECD en 2025 es el aumento promedio del DGI, algo que también ocurre en los países candidatos, como se muestra la siguiente imagen:
En esta imagen también es evidente que, más allá de los avances registrado en la adopción y crecimiento del gobierno digital en el período comparado, el ritmo general de avance es aparente bajo en la mayor parte de los países incluidos en el estudio.
Otra información importante para comprender la magnitud de la DPI que aporta este informe es la información resumida en la siguiente imagen sobre las áreas en las que se ha concentrado la actividad y, por lo tanto, la inversión:
Otro contenido destacable de este informa de la OECD es el análisis sobre los principales actores que están participando y haciendo posible este proceso, resumido en la siguiente imagen:
En la información más reciente publicada por la Unión Europea sobre los avances de la sociedad digital en los últimos años desde el amplio enfoque que están aplicando (como se resume en la imagen siguiente), las métricas de 2025 muestra la trayectoria digital de la UE, revelando un panorama desigual: se han registrado buenos resultados en la digitalización empresarial y el despliegue de infraestructuras de conectividad básica, pero no ha sido así en el ámbito de los servicios públicos digitales. De hecho, se prevé que los servicios dirigidos tanto a la ciudadanía como a las empresas alcancen únicamente alrededor del 90 % del objetivo fijado para 2030 [21]:
Por último, dado su contenido poco usual por detallado, mostrar los datos sobre la adopción de la DPI en el mundo de un informe del 2025 del Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP, University College London), en el que, basados en una metodología diseñada para ello, han creado DPI Map, a través del cual presentan una minuciosa panorámica global de los tres sistemas fundamentales de la DPI (identidad digital, pago digital e intercambio de datos) en 210 países, según la cual [22]:
· al menos 64 países cuentan con sistemas de identidad digital similares a los DPI
· 97 países disponen de sistemas de pago digital similares a los DPI
· 103 países tienen sistemas de intercambio de datos similares a los DPI
Este informe muestra detalles sobre la implantación de cada uno de los sistemas pilares de la DPI mostrando y, en cada caso, los datos correspondientes a la región geográfica y los sistemas digitales desplegados con alto grado de alineación con las características de la DPI en cada país. El resumen de esa detallada información es el siguiente:
En esta tabla se repite el patrón ya visto en los índices EGDI, OSI y LOSI: los países europeos lideran todos estos estudios sobre la adopción de las infraestructuras públicas digitales. En el caso de estos tres indicadores, la confianza en estos datos de Europa están respaldados por: el Reglamento sobre la Identificación electrónica y a los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS en inglés); la Directiva revisada sobre servicios de pago (DSP2 en inglés); el Reglamento de Gobernanza de Datos (DGA – Data Governance Act)); la Ley de Datos (Data Act); la Directiva de Datos Abiertos (Directiva UE 2019/1024); Ley de la Europa Interoperable (Interoperable Europe Act); el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en inglés) y otros.
Teniendo presente los datos antes expuestos, y que este estudio global sobre la adopción de los tres sistemas fundamentales de la DPI (identidad digital, pago digital e intercambio de datos) incluyó a 210 países, podemos deducir que aún hay muchos países alejados de la implantación es estos sistemas con alto grado de alineación con las características de la DPI.
Como hemos visto, en general los sistemas y plataformas digitales actuales de la DPI a escala global ya permiten, ajustados a los límites de las posibilidades que soportan las tecnologías informáticas clásicas, y a las prioridades de su implantación en cada caso, dar a los ciudadanos servicios públicos cada vez más seguros, eficientes e inclusivos. No obstante, la implantación de estos aún está lejos de tener la difusión a escala global deseada. Además, en dependencia del de la riqueza de los países, su desarrollado, si son o no democráticos, y el tipo de servicio DPI que se trate (servicios fundamentales o no), el ritmo de adopción de sus sistemas marcha a velocidades muy diferentes:
· Servicios fundamentales de la DPI
o Identidad digital
o Pagos digitales
o Intercambio seguro de datos
o Firmas y documentos digitales
· Otros servicios públicos digitales:
o Sedes electrónicas de Ministerios
o Seguridad social
o Fiscalidad
o Salud digital
o Educación digital
o Datos y gobernanza digital
o Servicios legales y jurídicos
o Transporte
o …
Por imperativos de seguridad, los servicios DPI fundamentales (identidad digital, el intercambio de datos y los pagos digitales), son los más difundidos a escala global. Esos servicios troncales son utilizados por el resto de los servicios públicos digitales. Cuando no es así, los servicios digitales que se brindan a la población no forman parte de lo que se considera DPI. Y de esto último hay mucho en estos momentos a escala global.
Riesgos & limitaciones tecnológicas de las DPI
La iniciativa de Salvaguardias de la DPI, lanzada en septiembre de 2023 por la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la Tecnología (OSET) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha desarrollado el Marco Universal de Salvaguardias para la Infraestructura Pública Digital (PDI) [23], que ha sido actualizado en 2026.
Basado en que la DPI comprende sistemas y servicios tecnológicos que operan en la intersección entre los individuos y las entidades cívicas, públicas y privadas que detentan el poder social, político y económico, este marco define con claridad que los riesgos asociados a la DPI no surgen únicamente de los componentes técnicos del ecosistema, sino también de insuficiencias en los marcos normativos (éticos, legales y regulatorios), así como de la ineficacia institucional y organizativa. Los riesgos de la DPI varían considerablemente según los diferentes sistemas (por ejemplo, sistemas de pago, identidad e intercambio de datos) y los contextos nacionales, no se distribuyen de manera uniforme en la sociedad ni son necesariamente estáticos.
Para afrontar el complejo trabajo para salvaguardar la DPI, este marco de las Naciones Unidas, que consta de estas dimensiones de salvaguardas de la DPI (además de las recomendaciones, no incluidas en la imagen), donde se listan 13 riesgos identificados del ciclo de vida de la DPI, agrupado en tres categorías, que a afrontar y mitigar:
Ante el avance de la adopción de la DPI y el aumento de los riesgos de todo tipo con el que convive, las Naciones Unida ha publicado la versión 2.0 del Marco de Salvaguarda de la DPI [24], con el objetivo de que los 18 principios para mitigar los riesgos tanto a nivel individual como social en todos los niveles de la transformación digital (técnicos, normativos y organizativos), contribuyan al éxito de las implementaciones de la DPI; garanticen el máximo cumplimiento de las normas y regulaciones; y promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización y fomenten la confianza y la equidad en todos los países.
Para contribuir a mejorar las salvaguardas de la DPI en la era de la llamada inteligencia artificial actual (Artificial Intelligence, AI, en inglés), el Centre for Digital Public Infrastructure ha creado el marco de trabajo DPI-AI, con el que incorporan la IA de como un conjunto de capacidades externas e interoperables que se conectan a la DPI mediante estándares compartidos, mecanismos de gobernanza y salvaguardias para mitigar los riesgos interrelacionados que han detectados durante el ciclo de vida de la DPI. Las conexiones se centran en los pilares fundamentales de la DPI, tales como la identidad digital, el intercambio de datos y los pagos. Esto permiten que los sistemas de IA externos autentiquen a usuarios e instituciones, accedan a datos autorizados y operen más allá de los límites organizativos, sin estar estrechamente vinculados a aplicaciones o proveedores específicos [25].
En el complejo contexto de seguridad que vivimos, los ataques continuos y las vulnerabilidades que se detectan con demasiada frecuencia, la automatización del control de tareas de alto riesgo que ofrece este marco puede ser una buena referencia sobre cómo seguir avanzando en la mitigación de los riesgos de la DPI sin renunciar a ella.
Ambos marcos de trabajo abordan los riesgos de la DPI con una amplitud y profundidad tal, que abarcan casi todo lo verdaderamente relevante en este campo. Poco queda por aportar sin correr el riesgo de ser repetitivo. No obstante, podría resumirlo así lo poco que creo que vale la pena resaltar sobre algunos riesgos relevantes para garantizar la continuidad de los servicios DPI:
· Que se eleve el nivel de dependencia del software libre que no garantice su evolución y mantenimiento de acuerdo con el largo ciclo de vida de los sistemas software DPI
· La falta de estándares para el desarrollo, despliegue y mantenimiento de los sistemas DPI
· La inhabilitación de las infraestructuras físicas informáticas y de telecomunicaciones como consecuencia de la falta de soberanía tecnológica
· Las limitaciones de los sistemas hardware y software para procesar simultáneamente las cantidades gigantescas de solicitudes de usuarios, variables, datos, transacciones, etc., que demandarán algunos servicios públicos que la sociedad digitalizada demandará
· El riesgo para el principio de desarrollo sostenible de una alta dependencia/consumo de servicios IA por el insostenible modelo actual de los centros de datos para la IA, por sus muy elevados niveles de consumo de agua y energía eléctrica
· La Unión Europea también ha detectado, y ya trabaja en su mitigación, dos riesgos elevados para el buen ritmo de la digitalización de la sociedad:
o el posible déficit de técnicos cualificados debido a que el objetivo relativo a los especialistas en TIC se ha estancado, persistiendo importantes brechas estructurales, especialmente en materia de capital humano, tecnologías avanzadas y capacidad de escalado imprescindible para una sociedad digital y sus correspondientes servicios públicos digitales [26]
o la creciente necesidad de autenticación digital realmente segura, verdaderamente univoca, “universal” y soportada por las instituciones, para que se pueda interactuar con los servicios públicos digitales de las instituciones del Estado y el Gobierno de forma similar a como lo hacemos en el entorno presencial al presentar el documento de identidad y/o pasaporte en trámites y fronteras [27].
· No incorporar las tecnologías emergentes al ecosistema DPI desde un enfoque basado en valores y derechos humanos:
o La IA, tanto por su uso mal concebido y controlado como parte de la DPI (de ahí la relevancia de la propuesta DPI-AI), como por los ataques externos diseñados con esta tecnología para detectar vulnerabilidades. Los servicios fundamentales de la DPI son altamente atractivos para los hackers, por lo que no demorarán en aparecer modelos de IA especializados en DPI.
o Aunque curiosamente no se menciona en los documentos de las grandes instituciones citados en este artículo, también existe el riesgo tecnológico, ya más que reconocido, que aportarán las tecnologías cuánticas a los sistemas de seguridad clásica de la DPI, en el hay trabajar desde ahora en su mitigación.
En gran medida, muchos de estos riesgos también están relacionados con algunas de las principales limitaciones tecnológicas con las que convive y ya afronta la DPI en la actualidad:
· Muchos de los sistemas y aplicaciones que se siguen utilizando para los servicios digitales públicos están soportados por software “antiguo”, algo que dificulta la integración eficiente de los desarrollos modernos requeridos para los servicios públicos digitales
· La integración de muchos de esos sistemas y aplicaciones con la DPI se realiza con soluciones a medida para software “antiguo”, no como parte de una arquitectura modular única, robusta, que por diseño aporte seguridad, extensibilidad, escalabilidad, alto rendimiento y disponibilidad
· Las vulnerabilidades de seguridad que suelen aportar las situaciones que se generan con los dos puntos anteriores, muy fácilmente detectables por actuales modelos de IA.
· Los problemas de interoperabilidad que aún se registran entre diferentes instituciones del Estado, el Gobierno por la persistencia de “islas digitales” en las instituciones
· La excesiva dependencia de proveedores tecnológicos comerciales externos para la DPI
· La incapacidad de los sistemas clásicos de poder dar algunos servicios públicos digitales a la sociedad que requieran del tratamiento y respuesta personalizada y de precisión individualizada en tiempo real
Digitalizar las instituciones del Estado y el Gobierno para que, por diseño, se puedan realizar plenamente sus funciones y servicios públicos digitalmente, con todas las garantías que ello exige, es una nueva tarea titánica para la humanidad. Que nadie se llame a engaño y la minimice porque es enorme, llena de complejidades, descubrimientos sobre la marcha, riesgos, problemas de implementación, explotación y seguridad en un prologado ciclo de vida que se tendrán que detectar y superar.
Impacto de la DPI en la democracia digital
Hablar de democracia digital es hacerlo sobre un tema en que la indiferencia no está permitida. Es adentrarse en un muy agudo ámbito polémico entre los entusiastas, los partidarios, los conservadores, los detractores, negacionistas, y representantes de cualquier posición imaginable sobre este asunto, para quienes no suelen valer las medias tintas.
Concebir, diseñar e implantar un ecosistema para el funcionamiento eficaz de la “réplica” digital del Estado y todas sus instituciones, organizaciones y protagonistas, va mucho más allá de desplegar un conjunto de portales en internet y algunos servicios públicos online. En ello radican el descomunal reto de la iniciativa DPI de las Naciones Unidad para crear, como se muestra en la imagen siguiente, un complejo ecosistema técnico, normativo y organizativo, que brinde las máximas garantías para la transformación digital y que, al mismo tiempo, garantice el máximo cumplimiento de las normas y regulaciones las infraestructuras públicas digitales y los principios democráticos.
La magnitud de este proceso es de tal envergadura, que incluye la creación de un ecosistema para la existencia digital (y dado que esto va mucho más allá de los sistemas tecnológicos para procesar la información, me sigue pareciendo mucho más preciso el término virtual [28]), de todos los estamentos y protagonistas de la vida pública, no de simples avatares y caricaturas digitales:
· Estado y sus instituciones digitales
· Gobierno digital
· Presidente digital
· Partido político digital
· Votante digital
· Administración y organizaciones públicas digitales
· Servicios públicos digitales
· Funcionarios públicos digitales
· Democracia digital
· Cultura digital
· Ciudadano digital
· y un muy extenso etc.
La democracia digital, tal y como la visualizo y comprendo y presento, ampliamente coincide con la definición que de ella hacen Fischli y Muldoon [29], como un sistema sociotécnico que incorpora el uso de tecnologías digitales para facilitar o potenciar prácticas democráticas y formas de gobernanza. Abarca una amplia gama de prácticas, desde iniciativas de gobierno abierto que fomentan una mayor transparencia y legitimidad hasta la aportación de ideas por parte de la ciudadanía a los gobiernos e, incluso, la toma de decisiones vinculantes sobre políticas y legislación.
Si algo ya ha aportado la acelerada digitalización que estamos viviendo es haber despejado una parte importante de las dudas razonables que existían sobre la importancia de la democracia digital para la imprescindible actualización de las instituciones democráticas.
En este sentido destaca la actitud y constancia de la OECD, que lleva varios años dedicando especial atención a la necesidad de reforzar la democracia utilizando las oportunidades que brinda la digitalización. En este sentido vale la pena hacer referencia a la última edición de la Iniciativa de la OECD para el fortalecimiento de la democracia [30], en la que la organización aboga por transformar la gobernanza pública para la democracia digital y, especialmente, el ANNEX E. Action Plan on Transforming Public Governance for Digital Democracy, en el que identifican tres áreas claves de trabajo y los pasos necesarios para abordarlas:
· Fortalecer la representación y la participación democráticas en el contexto de la digitalización
· Modernizar las instituciones democráticas para responder a las oportunidades y los desafíos de la digitalización para las democracias
· Aprovechar las principales herramientas políticas para responder a las oportunidades y los desafíos de la digitalización para la democracia
Más allá del contenido y sus objetivos específicos, este enfoque de la OECD aborda de forma pragmática y argumentada lo que es un secreto a voces: la imperiosa necesidad de fortalecer la democracia utilizando para ello las oportunidades que ofrece digitalización de la sociedad y la economía, sin contraponer la forma (digital), a la esencia de la entidad (democracia).
La democracia digital, por muy diferente y moderno que suene lo de digital, no debe considerarse y tratarse como una alternativa, casi antagónica, a la democracia que conocemos, sino como lo que realmente es y será: una nueva forma que adopta la democracia como resultado de un salto cualitativo sin precedentes en la historia de su evolución, impulsado por la digitalización del Estado y sus instituciones.
Hasta ahora, la inversión de la mayor parte de los recursos para el desarrollo de la DPI sobre todo ha estado centrada en el desarrollo de sus sistemas fundamentales (identidad digital, pagos digitales, intercambio de datos), y para la creación de plataformas digitales para brindar algunos servicios públicos digitales que los gobiernos han definido como prioritarios, entre los que destacan los que contribuyen al desarrollo económico, la inclusión y el reconocimiento a que este ecosistema, por diseño, funciona bajo principios democráticos. Por ello, el efecto acumulado de la DPI en la democracia, como canal para la participación democrática digital, aún es limitado
Atendiendo a las características del modelo del ecosistema DPI, así como a la amplitud y variedad de elementos que conforman la democracia, hacer posible que la democracia digital sea parte de la DPI será una tarea muchísimo más compleja que lo que ha significado hacerlo para la identidad digital, los pagos digitales y el intercambio de datos. Y esto no es una exageración.
Como parte armoniosa de un todo, la democracia digital, hay que considerar e integrar tantos elementos tecnológicos y humanos la DPI, que el reto técnico, tecnológico y funcional es enorme. No obstante, basado en mis años de experiencia en el diseño, desarrollo y gestión de proyectos a medida sistemas avanzados de software clásico, cuántico e híbrido, no solo soy optimista, estoy convencido de que es viable.
Eso sí, para lograrlo habrá que ser muy creativo al diseñar, desarrollar, integrar y mantener los diferentes módulos requeridos por los sistemas que hagan posible la democracia digital como parte nativa de la DPI. Cada módulo de la solución deberá soportar una enorme cantidad de variables y datos que tendrán que gestionar con tiempos de respuesta aceptables para el servicio público, y garantizar su interoperabilidad con el resto de los sistemas DPI.
En este sentido resulta sugestiva la reflexión de Silvana Rodríguez sobre el valor que podría aportar una «Pila de la Democracia» para solucionar este gran reto, concibiendo como parte de la misma componentes conceptuales y funciones adicionales basadas en indicadores democráticos [31]. Una Pila inspirada en la definición de «pila pública» de Waag Futurelab [32], creada con un enfoque donde todas las capas que contribuyen a la tecnología, los valores fundamentales, el proceso de diseño, la tecnología en sí y la forma en que estas capas posicionan a las personas, se basan en valores democráticos.
Esta figura muestra una versión extendida de la pila de Waag Futurelab, ofreciendo en una única representación visual todos los elementos de su arquitectura tecnológica de alto nivel (está a la vista todo lo que se muestra en la web al interactuar con cada una de sus capas), para crear espacios públicos digitales abiertos, democráticos y sostenibles.
Esta arquitectura y sus objetivos tienen muchos puntos de encuentro con la iniciativa DPI, por lo que podría servir para un buen entrenamiento para comenzar a visionar la arquitectura de alto nivel de un posible sistema software de democracia digital para la DPI.
Para iniciar el entrenamiento sugiero algunas pistas: como mínimo, en la capa base es necesario incluir el amplio marco legal vigente sobre el que se sustenta la democracia en cada país, y también los principios tecnológicos, de gobernanza y comunidad de la DPI; en las capas de contexto es imprescindible añadir los componentes fundamentales para la integración e interoperabilidad por diseño con la DPI: la verificación de la identidad digital, el intercambio seguro de datos, la firma digital, etc.
Como mostramos en la entrega anterior, la democracia participativa (junto a la corrupción, el estado del derecho y las libertades civiles), es uno de los cuatro indicadores fundamentales que se utilizan para valorar la calidad de la democracia. En el ámbito de la democracia digital, este indicador mantiene plenamente su importancia y vigencia para analizar y valorar la salud de democracia, medir sus avances y conocer detalladamente las formas en que la ciudadanía ejerce su derecho de participación.
Una de las fuentes que aporta información a escala global sobre la participación ciudadana en la democracia digital es el Índice de Participación Electrónica (E-Participation Index, EPI, en inglés) de las Naciones Unidas, que se deriva como un índice complementario del EGDI y que está compuesto por tres componentes principales: información electrónica, consulta electrónica y toma de decisiones electrónica. La imagen visual del estado de este indicador en el mundo en 2024 es la siguiente:
Si comparamos los datos de EPI del 2024 con los indicadores de democracia y la EGDI ese mismo año, podemos ver en la tabla siguiente, solo el 53% de los países con los mejores índices de democracia del mundo se encontraban en lugares destacados del índice EGCI, y tan solo el 40% del índice EPI. Sin lugar a duda que esto no es un buen resultado, que evidencia que esos países no están siendo proactivos en aprovechar las oportunidades que les brinda el elevado nivel que tienen de digitalización para fortalecer uno de los grandes indicadores de la calidad de la democracia y mejorar una de las grandes limitaciones de la democracia excesivamente representativa: la participación ciudadana.
Como es evidente en la amplia literatura publicada sobre los avances de la DPI, hasta ahora la mayoría de los Gobiernos e instituciones se han centrado, sobre todo, en los sistemas que mayores beneficios inmediatos aportan a la prestación de servicios públicos, al desarrollo económico y a la inclusión, a través de portales en internet. En alguna medida esto es comprensible, porque a diferencia de la digitalización de otras actividades de la administración pública, sobre todo por motivos de seguridad, privacidad y confianza, la digitalización de la democracia requiere de un muy elevado estado de madurez de las tecnologías que se emplean para ello en la DPI.
Uno de los retos de envergadura que enfrenta la digitalización del gobierno es la necesidad de que este mejore su credibilidad, algo que tendrá un efecto directo en la confianza de la población en su evolución hacia un gobierno digital. Tal es así que, según una encuesta de la OECD, en 2025 el 43 % de la población de los países de la OECD tenían poca o ninguna confianza en el gobierno nacional, frente al 40 % que tiene una confianza alta o moderadamente alta [33].
Como se puede observar a simple vista en esta tabla, aunque existen variaciones significativas entre países y grupos de población, es evidente que incluso entre los países clasificados como democracias plenas que listamos en el artículo anterior [34], los niveles de falta de confianza en el gobierno son elevados y si esto, que sin lugar a duda no es un buen indicador de la democracia representativa tradicional, podría ser una limitación importante en el avance hacia un gobierno digital pleno.
Como se muestra en la imagen anterior, en la misma encuesta también se detecta que, aunque en estos países votar es la forma más común en que las personas participan en la vida política y cívica, de media el 60 % de la población
percibe que votar en los referéndums regionales o nacionales tiene una influencia moderada o poco significativa, y que tan solo el 32 % considera probable que el gobierno adopte las opiniones expresadas en consultas públicas [35].
Avanzar hacia una participación ciudadana más amplia, en la que los ciudadanos sientan que realmente son escuchados más allá de las votaciones en las elecciones, que son capaces de poner algunos límites a los excesos en las funciones de sus representantes, y que surjan formas de avance hacia una democracia digital participativa no es una opción, es una necesidad vital para la democracia.
La democracia digital requiere que toda persona con derecho al voto pueda participar plenamente, sin impedimentos. Para que ello sea posible es necesario que las DPI incluya en sus sistemas soluciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos, y que los gobiernos definan una adecuada política de alfabetización digital para mitigar la exclusión tecnológica y superar la brecha digital, tanto a escala de países, como a escala de una sociedad, haciendo un énfasis especial en la exclusión generacional en este último caso.
En la actualidad los servicios más difundidos para la democracia digital en la infraestructura pública digital suelen estar limitados a:
- Plataformas con información a los ciudadanos
- Portales de transparencia (sobre todo en Europa)
- El debate y discusión en línea de temas seleccionados por la administración
- Herramientas de participación ciudadana en cuestiones menos relevantes para la democracia y usualmente no vinculantes
- Algunos tipos de votación electrónica en elecciones locales, regionales, nacionales o internacionales, sobre todo limitada a los representantes oficiales
- Algunas votaciones en consultas online a los ciudadanos, mayoritariamente no vinculantes, sobre temas particulares a nivel local, regional, nacional o internacional
Un ejemplo de lo tipos de servicios antes listado es la información del siguiente gráfico de las Naciones Unidas sobre la implementación de indicadores de participación e interacción en portales municipales en 2024:
Por supuesto que contar con la información de estos servicios digitales sobre la democrática digital está muy bien, pero sería un error limitar a estos lo que la DPI puede aportar a la democracia digital.
También son enriquecedora resultan las experiencias que trasmiten Fischli y Muldoon de los experimentos sobre democracia participativa descentralizada en el ámbito municipal [36], desarrollada a partir del análisis de dos proyectos piloto europeos: D-CENT (Tecnologías descentralizadas para la participación ciudadana) y DECODE (Ecosistemas de datos descentralizados propiedad de la ciudadanía). Para quienes estén interesados, en su artículo pueden encontrar ampliar información y análisis sobre estos proyectos piloto:
· Democracia digital y común de datos, proyecto piloto en el Ayuntamiento de Barcelona
· Gobernanza de datos de ciencia ciudadana, proyecto piloto de Barcelona
· Gebiedonline (Barrio en línea): proyecto piloto en Ámsterdam
· Registro digital de Ámsterdam, este proyecto piloto en Ámsterdam
Para conocer mejor el impacto de la DPI en la democracia digital, y en particular la participación de la ciudadanía en la democracia digital, debemos atender a criterios que nos permitan comprender mejor las formas en que esta se está realizando en la actualidad. Debemos poder medir con la mayor precisión posible el nivel o niveles en que se encuentra la democracia digital en cada momento para, sobre esa base, poder proyectarla mejor hacia el futuro.
Existen muchas formas, modelos y criterios para medir los niveles de participación de la democracia, por lo que es importante optar por el que se considere que mejor puede adecuarse a la visión a escala global que se desee presentar. En la toma de la decisión sobre cómo presentar el nivel de participación digital me ha sido de una gran utilidad El pensamiento de diseño como enfoque estratégico para la participación electrónica [37]. A partir de un marco teórico sobre la participación digital, los autores abordan la complejidad de esta cuestión, la resumen, y proponen con claridad una forma razonablemente argumentada para medir, a través de niveles de madurez, el alcance y la naturaleza de la implicación ciudadana en la democracia.
En este sentido resulta muy ilustrativa la visión que aportan con la adaptación (y necesaria actualización) que hacen del marco “Espectro de Participación Pública” de Tina Nabatchi [38], con la cual simplifican y precisan muy bien el objetivo de la participación pública y el compromiso gubernamental asumido ante la ciudadanía.
Como se puede apreciar en la imagen anterior, este marco describe una progresión que va desde la participación pasiva, caracterizada por una comunicación unidireccional en los niveles 1 y en la mayoría de los casos del 2, hasta un progresivo empoderamiento ciudadano en los niveles superiores. Al combinar los niveles de participación ciudadana con el compromiso gubernamental asumido ante la ciudadanía y la dimensión de la comunicación, este marco es útil para exponer con claridad el complejo, variado y novedoso panorama de la participación digital en la actualidad.
Si aplicamos este marco conceptual al estado de los índices expuestos en este artículo, y lo que estos representan, no resulta difícil deducir que, a escala global, la participación digital en la actualidad se encuentra en los niveles 1 y 2: informativo y consultivo, con un flujo de la información sobre todo unidireccional, con un grado muy limitado de influencia de los participantes en la toma de decisiones. Por supuesto que esos niveles están bien para comenzar, dada la juventud de la democracia digital, pero también muestra que aún queda muchísimo por hacer para alcanzar niveles acordes a la madurez de la democracia y a los avances de digitalización de la sociedad.
Esta situación no debería sorprender, porque la participación de la ciudadanía en la democracia en la actualidad es más contemplativa/informativa que participativa, lo que de por sí indica su bajo grado de madurez. Esta una causa real, más allá de las limitaciones tecnológicas, del nivel actual de la participación digital. De hecho, en los últimos años los servicios digitales han contribuido a mejorar algunos aspectos de la democracia.
Para avanzar en los niveles de participación, los sistemas y plataformas para la democracia de la DPI deberán dar garantías para la participación democrática activa de todo el que tenga derecho a ello. Deberán ser parte del ecosistema DPI sistemas informáticos basados en políticas públicas, ajustadas a normas y procedimientos legales que salvaguarden y fortalezcan la democracia digital. Para ello, deberá contar con herramientas y soluciones que, por diseño, garanticen:
· la participación a través de diferentes canales digitales, no solo de páginas web
· la difusión de la verdad, ser una fuente incuestionable de contenidos de verdad cualificada, un ecosistema libre de la mentira, la manipulación y el engaño con fines políticos y desde posiciones y espacios políticos, lacras de muchos entornos digitales en la actualidad
· la inhabilitación el discurso de odio (por ejemplo, racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia, etc.
· tener mecanismos efectivos para poder participar en la gestión de la riqueza social (a la que contribuye la población con los impuestos), de poner coto a las desviaciones y excesos de mala gestión de esta
Como en cualquier sistema equivalente, la democracia digital presenta riesgos, pero mucho más importantes y significativas son las oportunidades que ofrece para realizar la imprescindible actualización de la democracia, independientemente de que su actividad sea presencial o digital.
A pesar de sus limitaciones tecnológicas transitorias, el ecosistema DPI es el medio más adecuado avanzar en el desarrollo de la democracia digital. Ante las limitaciones tecnológicas actuales de la DPI, tal vez las tecnologías cuánticas podrían jugar un papel importante para ampliar sus capacidades y, sobre esa base, poder realizar algunas “optimizaciones” necesaria para la regeneración de la democracia a nivel global.
Resumen
La infraestructura pública digital (DPI) basada en las tecnologías informáticas clásicas, están dando lugar a la creación del capítulo más reciente de la evolución del Estado digital y, con ello, al punto de partida de una nueva era de los servicios públicos.
Con la aceleración de la digitalización de los servicios públicos la DPI se ha convertido en un recurso estratégico para el éxito futuro inmediato de cada país, es vital para la definición de las características más relevantes del futuro inmediato de las sociedades: modernidad, democracia, competitividad, seguridad, etc.
En toda la información presentada en este artículo se hace evidente que en los últimos años se han registrados avances reales en la DPI a escala global. Pero, tan evidente como eso, es que el ritmo de su implantación a escala global es bastante desigual, y que en África y algunos países de Asia queda muchísimo por hacer.
Europa y los países europeos lideran todos los estudios sobre la adopción de las infraestructuras públicas digitales, presentando una elevada proximidad con los sistemas DPI. Sus elevadas cotas de calidad y fiabilidad están respaldadas por su avanzada legislación y normalización aplicable al proceso de digitalización, que pueden ser referentes para otros países.
En gran medida el éxito de este colosal proyecto social y tecnológico dependerá de la capacidad de la DPI, centrada en el usuario y la privacidad de la información individual, de evolucionar integrando y soportando como parte nativa e indivisible de este ecosistema, con todas las garantías:
· El desarrollo y evolución de sistemas fundamentales de la DPI escalables, robustos y seguros para la identidad digital, los pagos digitales, el intercambio seguro de datos y las firmas y documentos digitales
· El desarrollo y evolución de los sistemas y plataformas para los servicios públicos digitales seguras e interoperables con los sistemas fundamentales de la DPI
· Las tecnologías habilitadoras disponibles más avanzadas en cada momento para su crecimiento, madurez y seguridad
· El cumplimiento por diseño de las salvaguardias habilitadoras no tecnológicas, imprescindibles para la vida plena digital en igualdad y derechos, acordes con una sociedad digital democrática avanzada
· La seguridad y su constante actualización, a prueba de las amenazas conocidas y por emerger
La digitalización plena del Estado y sus instituciones, del Gobierno y las Administraciones pública, de las organizaciones y los ciudadanos está muy lejos de ser una tarea exclusivamente tecnológica. Eso sería lo más fácil y un error descomunal. El gran reto es algo mucho más complejo y multilateral: crear las herramientas y un ecosistema tecnológico de la DPI que permitan digitalizar con todas las garantías la fluidez de las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etc. entre ciudadanos, gobiernos, empresas, partidos políticos y países, en un entorno de convivencia digital maduro y civilizado, propio de un Estado democrático.
Desde sus inicios, la DPI ha sido impulsada por la ONU y el G-20, y cuenta con un amplio respaldo por parte de todas las principales organizaciones e instituciones internacionales. Gestionada por el Gobierno a nivel nacional y local, la DPI se presenta como el marco más adecuado para garantizar el cumplimiento de las leyes, normativas y procedimientos, y para fortalecer la democracia impulsando su digitalización a través de los órganos de supervisión necesarios. La democracia digital, con su compleja arquitectura tecnológica, social y jurídica, debe convertirse en otro sistema informático dentro de la DPI. Para ello, es imprescindible poner a disposición del bien común una infraestructura digital pública altamente eficaz, resiliente, segura y fiable.
Una infraestructura pública digital puede ser técnicamente solvente, pero si está mal diseñada y, sobre todo, insuficientemente regulada y sin centrarse en el usuario y los valores democráticos de una sociedad digital, a la sociedad en la que se implemente aportará el riesgo de que pueda ser utilizada para fines antidemocráticos (independientemente de las formas que adopte), y por ello, ajena a la definición del concepto DPI expuesto y desarrollado en este artículo.
Las limitaciones tecnológicas de la Infraestructura Pública Digital (DPI) representan barreras críticas para que los gobiernos logren implementar de manera eficiente sistemas compartidos como la identidad digital, las plataformas de pago y el intercambio seguro de datos con la enorme variedad y cantidad de servicios digitales que se deben prestar a los ciudadanos. En la próxima, y última entrega de esta trilogía, abordaré algunas de las tecnologías con las que la DPI podría dar un salto tecnológico y de servicios cualitativos, y erradicar definitivamente los cuellos de botella técnicos que implican las limitaciones más relevantes de la informática clásica en este tipo de proyecto, esas que dificultan que la DPI pueda ser radicalmente más eficaz, resiliente y altamente segura.
[1] OECD (2020), “The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.
[2] Peterssen, G. Democracia & Computación cuántica (I). Estado actual de la democracia. El Blog de QPath. https://www.quantumpath.es/es/2026/09/01/democracia-tecnologias-cuanticas-i-estado-actual-de-la-democracia/
[3] UNDP. Digital Public Infrastructure (DPI). https://www.undp.org/digital/digital-public-infrastructure
[4] Clark, J., Marin, G., Ardic Alper, O.P., Galicia Rabadan, G.A. 2025. Digital Public Infrastructure and Development: A World Bank Group Approach. Digital Transformation White Paper, Volume 1. © Washington, DC: World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099031025172027713/pdf/P505739-84c5073b-9d40-4b83-a211-98b2263e87dd.pdf
[5] OECD. Government at a Glance 2025. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/government-at-a-glance-2025_70e14c6c/0efd0bcd-en.pdf
[6] International IDEA. Digitalization and Democracy. Digital Public Infrastructure. https://www.idea.int/theme/digital-public-infrastructure
[7] CDPI Abadie, D. (2026). DPI-AI Framework: Building AI-Ready Nations through Digital Public Infrastructure. https://digitalpublicinfrastructure.ai
[8] Fetter, J., Rao, K., and Eaves, D. (2025). 2025 State of Digital Public Infrastructure Report: A Look at Measurement and Prevalence as DPI Transitions from Experiment to Scale. UCL Institute for Innovation and Public Purpose. IIPP Policy Report 2025/06. ISBN: 978-1-917384-39-1. https://dpimap.org/iipp-state-of-dpi-report-2025.pdf
[9] ACCELERATING THE SDGS THROUGH Digital Public Infrastructure. A COMPENDIUM OF THE POTENTIAL OF DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE. G20/UNDP. 2023. https://www.undp.org/publications/accelerating-sdgs-through-digital-public-infrastructure-compendium-potential-digital-public-infrastructure
[10] United Nations Development Programme. Digital Strategy 2022-2025. pp. 21-22 https://digitalstrategy.undp.org/
[11] Clark, J., Marin, G., Ardic Alper, O.P., Galicia Rabadan, G.A. 2025. Digital Public Infrastructure and Development: A World Bank Group Approach. Digital Transformation White Paper, Volume 1. EXECUTIVE SUMMARY. © Washington, DC: World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099031025172027713/pdf/P505739-84c5073b-9d40-4b83-a211-98b2263e87dd.pdf
[12] OECD (2020-10-07), “The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/f64fed2a-en
[13] ACCELERATING THE SDGS THROUGH Digital Public Infrastructure. A COMPENDIUM OF THE POTENTIAL OF DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE. G20/UNDP. 2023. https://www.undp.org/publications/accelerating-sdgs-through-digital-public-infrastructure-compendium-potential-digital-public-infrastructure
[14] State of the Digital Decade 2026: Closing structural gaps and mobilising investments for 2030 and beyond. EUROPEAN COMMISSION. 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/state-digital-decade-2026-closing-structural-gaps-and-mobilising-investments-2030-and-beyond
[15] Digital public services and environments. European Commission. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-public-services
[16] INVEST – Interoperability Vision in Europe-Strategy Timeplan. https://interoperable-europe.ec.europa.eu/
[17] UN. E-Government Development Index (EGDI). 193 Countries. Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Institutions and Digital Government. E-Governmente Knowledgebase. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-e-Government-Development-Index
[18] UN. E-Government Development Index (EGDI). 193 Countries. Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Institutions and Digital Government. E-Governmente Knowledgebase. https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center
[19] UN. E-Government Survey 2024. Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. With the addendum on Artificial Intelligen. p. 37. UNITED NATIONS, New York, 2024. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
[20] OECD (2026), Digital Government Outlook 2026: From Foundations to Transformational Impact, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0496b2bc-en
[21] State of the Digital Decade 2026: Closing structural gaps and mobilising investments for 2030 and beyond. pp. 4-5. EUROPEAN COMMISSION. 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/state-digital-decade-2026-closing-structural-gaps-and-mobilising-investments-2030-and-beyond
[22] Fetter, J., Rao, K., and Eaves, D. (2025). 2025 State of Digital Public Infrastructure Report: A Look at Measurement and Prevalence as DPI Transitions from Experiment to Scale. UCL Institute for Innovation and Public Purpose. IIPP Policy Report 2025/06. ISBN: 978-1-917384-39-1. https://dpimap.org/iipp-state-of-dpi-report-2025.pdf
[23] The Universal Digital Public Infrastructure Safeguards Framework. A Guide to Building Safe and Inclusive DPI for Societies. DPI Safeguards initiative | Office of the UN Secretary- General’s Envoy on Technology (OSET) | United Nations Development Programme (UNDP). September 2024. https://framework-dpi-safeguards.org/frameworkpdf
[24] The Universal DPI Safeguards Framework is live. United Nations Office for Digital and Emerging Technologies (ODET) and the United Nations Development Programme (UNDP). 2026. https://www.dpi-safeguards.org/
[25] CDPI Abadie, D. & Muriithi, A. (2026). DPI-AI Framework: Building AI-Ready Nations through Digital Public Infrastructure. https://digitalpublicinfrastructure.ai
[26] CDPI Abadie, D. & Muriithi, A. (2026). DPI-AI Framework: Building AI-Ready Nations through Digital Public Infrastructure. https://digitalpublicinfrastructure.ai
[27] State of the Digital Decade 2026: Closing structural gaps and mobilising investments for 2030 and beyond. pp. 4-5. EUROPEAN COMMISSION. 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/state-digital-decade-2026-closing-structural-gaps-and-mobilising-investments-2030-and-beyond
[28] “Lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual … lo virtual constituye la entidad: las virtualidades inherentes a un ser, su problemática, el vínculo de tensiones, presiones y proyectos que las animan …”. Lévy. P. ¿Qué es lo virtual? Pag. 11. Editorial Paidós. 1999. https://books.google.es/books?id=ocgWAAAACAAJ&hl=es&lr=&num=20
[29] Fischli R, Muldoon J. Empowering Digital Democracy. Perspectives on Politics. Digital Technology, Power, and Democracy pp. 821. 2024;22(3):819-835. doi:10.1017/S1537592724000409 https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/empowering-digital-democracy/D39CBD8C8061EA6EE1B0FE0D64FA9E5D
[30] OECD (2024), The OECD Reinforcing Democracy Initiative: Monitoring Report – Assessing Progress and Charting the Way Forward, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9543bcfb-en
[31] Rodriguez, S. THE CASE FOR A DEMOCRACY STACK. Rethinking Digital Public Infrastructure for Democratic Societies. Discussion Paper 2, 2026. International IDEA. https://www.idea.int/publications/catalogue/html/case-democracy-stack-rethinking-digital-public-infrastructure
[32] Waag Futurelab. The Public Stack. public stact. https://publicstack.net/layers/
[33] OECD. Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results. Navigating Rising Expectations and New Horizons. p. 20. 2026. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/results-of-the-2025-oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions_96323a65/9eb63fec-en.pdf
[34] Peterssen, G. Democracia & Computación cuántica (I). Estado actual de la democracia. El Blog de QPath. https://www.quantumpath.es/es/2026/09/01/democracia-tecnologias-cuanticas-i-estado-actual-de-la-democracia/
[35] OECD. Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results. Navigating Rising Expectations and New Horizons. p. 134. 2026. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/results-of-the-2025-oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions_96323a65/9eb63fec-en.pdf
[36] Fischli R, Muldoon J. Empowering Digital Democracy. Perspectives on Politics. Digital Public Infrastructure pp. 827-831. 2024;22(3):819-835. doi:10.1017/S1537592724000409 https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/empowering-digital-democracy/D39CBD8C8061EA6EE1B0FE0D64FA9E5D
[37] Mariani, I., Mortati, M., Rizzo, F., Deserti, A. (2025). An Overview on E-Participation. In: Design Thinking as a Strategic Approach to E-Participation. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology(). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72160-1_3
[38] OECD (2026), Digital Government Outlook 2026: From Foundations to Transformational Impact, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0496b2bc-en
